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La Audiencia Provincial de Tenerife condena a Barclays por sus bonos autocancelables

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La AP de Santa Cruz de Tenerife ratifica la Resolución de Primera Instancia.

La Audiencia Provincial de Tenerife condena a Barclays por sus bonos autocancelablesLa Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la orden de nulidad de suscripción de los Bonos Autocancelables SAN, BBVA, RSB (Cupón 36,5%), comercializados por Barclays Bank S.A. (actual CaixaBank), por “manifiesto vicio en el consentimiento”.

El Fallo, ratifica el de Primera Instancia, y obliga a restituir el dinero a los clientes, 29.753,83 euros, más los correspondientes intereses indemnizatorios.

La Estrategia Bancaria

La estrategia bancaria a la hora de colocar el producto es casi siempre la misma:

El empleado de la sucursal, en quien el cliente tiene depositada su confianza, ofrece un producto “estrella” que el consumidor acepta de buena fe, basándose precisamente en la confianza anteriormente aludida. De esta forma, el test de idoneidad pasa a ser una mera formalidad, sin ninguna relevancia probatoria.

En ocasiones, este test habría llegado a ser rellenado por los propios empleados, dejando al cliente únicamente el trámite de la firma.

Según el Juez, estas prácticas bancarias son inaceptables, contrarias a la normativa MiFid, y a las obligaciones de información del sector.

Las alegaciones de Barclays

Barclays admite que comercializó los bonos (en febrero de 2.008), pero no acepta restituir las prestaciones, porque el capital invertido fue recibido por Societé Generale Acceptance N.V, que es quien los emitía.

Dicha argumentación fue rechazada judicialmente, puesto que es Barclays con quien los clientes contratan el producto, sin que ni en la orden de compra, ni en el contrato de administración y depósito de valores, ni en el contrato básico para la prestación de servicios de inversión a clientes, figure la entidad aludida por la parte demandada.

A mayor abundamiento, Barclays fue sancionada por suinistrar información errónea a los adquirentes del producto, lo que es motivo más que suficiente para constituir la acción de nulidad entablada.

No hay caducidad

En cuanto a la caducidad de la acción, el banco mantiene que el “dies a quo” es el de la consumación del contrato (18 de febrero de 2.008), pero que, incluso aceptando la tesis de que el cómputo comienza desde el momento en que el demandante tiene conocimiento del engaño, éste debería empezara a contar desde el 2 de julio de 2.010, fecha en que Barklays comunicó su error, de manera pública, a la CNMV.

Sin embargo, el cliente alega que no tuvo pleno conocimiento del engaño hasta el 28 de septiembre de 2.012 .

En estos casos conviene recordar que es el banco quien debe aportar la carga de la prueba, por lo que, ante versiones contrapuestas, el Juez no puede dudar de la versión aportada por el cliente puesto que:

  1. Una persona que desde que tuvo conocimiento –y no antes– se ha dedicado a luchar con ahínco en defensa de sus intereses frente a la demandada, no tenía motivos para no hacerlo con anterioridad si verdaderamente hubiese tenido conocimiento previo.
  2. En este caso, el dato cierto y seguro sobre el público conocimiento de la conducta de la demandada es el que deriva de la publicación en el BOE el 11 de diciembre de 2.012 de la sanción impuesta por infracción muy grave en virtud de resolución de 27 de noviembre de 2.012 de la CNMV, por lo que es acertada la conclusión de la sentencia recurrida de fijar en esa fecha, la de la publicación en el BOE, el dies a quo. Si ello es así, al interponerse la demanda el día 8 de abril de 2.015 no habían transcurrido los cuatro años que establece el artículo 1301 del Código Civil para la caducidad de la acción de nulidad.
  3. Asimismo, aunque la acción para reclamar por nulidad haya prescrito, existe la posibilidad de hacerlo por la vía de los Daños y Perjuicios por Incumplimiento de Contrato; posibilidad que estaría abierta hasta 2020.
Conclusión

El Juez desestima el recurso  interpuesto por Caixabank –la sucesora de Barclays– y confirma la Resolución dictada en 1.ª instancia, condenando a la entidad a pagar además las costas de alzada.

Para más Información

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