La acusación tratará de demostrar que fue un engaño masivo y premeditado; que quienes lo idearon se lucraron con él, y que hubo perjuicio.
Esta semana ha arrancado en la Audiencia Nacional uno de los juicios más esperados en España: el de la polémica salida a bolsa de Bankia.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 5 años de cárcel y una multa de 60.000 € para el exvicepresidente del gobierno y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, por presunta estafa a los inversores: 300.000 personas, la mayoría pequeños ahorradores, a los que se habría ocultado información sobre la verdadera situación económica de la entidad.
Rato, que ha salido de la cárcel por vez primera desde que comenzó a cumplir condena por las tarjetas black de Caja Madrid, presidió Bankia entre 2010 y 2012.
Junto al exvicepresidente del Gobierno, se sientan una treintena de exdirectivos de la entidad. La Fiscalía pide penas de menor grado para tres de ellos, y el sobreseimiento del caso para el resto.
Nacida tras la fusión de 7 cajas de ahorros, Bankia salió a bolsa en julio de 2011 (“conviértete en banKero”), a las puertas de una crisis bancaria. Un año más tarde, coincidiendo con el peor periodo de la crisis económica, la compañía tuvo que ser nacionalizada y reflotada por el Ejecutivo español, con un coste superior a los 20.000 millones de euros para el erario público.
El caso se convirtió en un símbolo de las malas prácticas del mundo financiero.
La entidad asegura que ha devuelto casi todo el dinero a los inversores, y pide la nulidad del juicio. La acusación tratará de demostrar que fue un engaño masivo y premeditado; que quienes lo idearon se lucraron con él, y que hubo perjuicio.
No se espera una sentencia antes de siete meses (está previsto que sea a finales de junio de 2019).