La Policía acaba de dar un espaldarazo a uno de los principales imputados de la Operación Crucero, Ángel de Cabo, al asegurar en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que la declaración que prestó voluntariamente en noviembre ha “anticipado” el hallazgo de activos de las sociedades sometidas actualmente a administración judicial “y ha facilitado y propiciará la traba de los mismos, evitando su desaparición”.
En este documento remitido al magistrado con fecha de 6 de febrero, al que ha tenido acceso El Confidencial, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entiende que la “colaboración” de Ángel de Cabo ha suministrado también a la investigación informaciones e indicios “desconocidos hasta ahora para los investigadores policiales, que apoyan y refuerzan los fundamentos de medidas cautelares ya tomadas”.
Insisten en que esta información ha servido para destacar y focalizar la atención de la investigación sobre operaciones, aspectos y documentos intervenidos de interés que hasta ahora habían pasado desapercibidos dada la magnitud y complejidad de los negocios que son investigados y la enorme cantidad de documentos (más de 200.000 folios) que han debido examinarse”.
La Policía ha cotejado toda la información que decidió aportar De Cabo el pasado 27 de noviembre, desde el centro penitenciario de Picassent (Valencia), para llegar a esta conclusión. El imputado, que fue enviado a prisión junto al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, el 5 de diciembre de 2012, ha decidido colaborar con la Justicia para conseguir una rebaja de la posible condena, en contra de Díaz Ferrán, quien, según fuentes de la investigación, ha optado por negarse a cualquier tipo de colaboración.
Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo llegan a la Audiencia Nacional para ser interrogados. (EFE)De Cabo se presenta como una víctima y asegura que todo el alzamiento de bienes de Viajes Marsans fue ideado por Díaz Ferrán. Fundamentalmente, la información que ha aportado se refiere a las transmisiones, constitución de gravámenes y cesión de créditos hipotecarios sobre inmuebles y valores de los que era titular inversiones Grudisan, sociedad patrimonial de Díaz Ferrán, cuyas participaciones se repartían entre este, su esposa y sus tres hijos.
“El testimonio prestado refuerza los indicios existentes sobre el papel desarrollado por Díaz Ferrán como inspirador y promotor del proceso que siguió a la venta a Possibilitum de las participaciones de Inversiones Grudisan y que culminó con la adquisición por una sociedad de su hermano Manuel de la propiedad de varios inmuebles que pertenecían a Grudisan y la posterior venta a tercero de uno de ellos”, recoge el informe.
El hermano de Díaz Ferrán, también influenciado
Sobre la cesión de los inmuebles, De Cabo explica que él pactó con Díaz Ferrán la compra de la sociedad Quatre Bras Inversiones, pero por esa operación el comprador “no entregó dinero alguno”. La idea era conseguir la renovación y cesión a esta empresa de los créditos que tenían varios bancos, pero no lo consiguió. Entonces, Díaz Ferrán tuvo la idea de que otra empresa, Gamad Española, se quedara con todos los inmuebles si conseguía tales cesiones, como finalmente ocurrió. Posteriormente, De Cabo tuvo conocimiento que la empresa que finalmente se hizo con los inmuebles es Implementación de Proyectos, del hermano de Díaz Ferrán, y apunta al expresidente de la patronal de ser la persona que “inspira y promueve” este proceso. Esta idea concuerda con el escrito remitido por el abogado de Manuel Díaz Ferrán al juzgado en el que explica que “se puso en manos de su hermano mayor Gerardo, quien siempre ha ejercido una fuerte influencia sobre mi representado”.
Aparece una nave valorada en 16 millones de euros
De los datos aportados por De Cabo queda claro el “control y protagonismo” de una serie de operaciones aparentemente ilegales por parte de Díaz Ferrán y su exsocio –ya fallecido–, Gonzalo Pascual antes de vendérselas a De Cabo. Incluso ha hablado de otra sociedad, Inmobiliaria Balcano, participada por una sociedad de Díaz Ferrán, propietaria de una parcela con naves y una estación de autobuses en Alcalá de Henares (Madrid), valorada en 16 millones de euros y que no le consta que sobre ella tenga ningún gravamen.
“Hasta la declaración, tal circunstancia era desconocida para la investigación, comprobándose inmediatamente que efectivamente dicha sociedad no estaba incursa en ningún procedimiento concursal y que ciertamente era titular de una serie de inmuebles”
Involucra a un director de La Caixa
Por otro lado, De Cabo desmonta la versión del principal testigo de la causa, que había sido su tesorero, Jorge García Téllez. Le acusa de haber aprovechado el control que tenía sobre las cuentas bancarias para disponer, sin su conocimiento ni autorización, de cantidades provenientes de activos del grupo Marsans. Según declaró ante la Policía, hasta el día de su detención era la persona que manejaba todas las cuentas bancarias en connivencia con Rafael Montero, director de la oficina de La Caixa con la que trabajaban habitualmente.
García Téllez era la persona que intervino en las principales operaciones con Díaz Ferrán y Pascual. “Sabe cómo se distribuyó y dónde está el dinero que se ha sacado del grupo, dónde ha sido llevado, así como dónde están los bienes sustraídos del patrimonio”, aseguró el preso.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. (EFE)De Cabo acusa también al director de esa sucursal de La Caixa, en Valencia, de tener conocimiento de todos esos datos pues realizaba todas las operaciones con su extesorero y exdirector financiero. Sobre el testigo, De Cabo sostiene que “auxilió y cooperó con Díaz Ferrán para sacar dinero en efectivo del grupo y hacérselo llegar a aquel, así como para sacar los bienes de Gerardo y evitar que fueran ejecutados”.
Cuando dejó de trabajar con el declarante, “descubrimos que en connivencia con el director de La Caixa se había apropiado de dos millones de euros, que puede acreditarse con los extractos bancarios de las sociedades Vittori, Siel y Possibilitum”. Esta información ha sido corroborada por la Policía, que concluye que esos movimientos fueron ordenados efectivamente por García Téllez a través de una serie de inversiones.
“Si consideramos que la cancelación de esas inversiones se produjo en 2012, cuando ya el socio único y administrador de Vittori y Munari, Jorge García Téllez, se había desvinculado de la organización de De Cabo y tenía absoluto y exclusivo control sobre esas dos sociedades y las cuentas y depósitos de que eran titulares, resulta verosímil y creíble la afirmación de este último de que Jorge García dispuso de fondos invertidos a nombre de aquéllas”.