Esta mañana, tras una larga enfermedad, ha fallecido a sus 84 años el empresario gaditano José María Ruiz-Mateos, fundador del grupo Rumasa y sobre el que recaían varias acusaciones de estafa, insolvencia y fraude a la Hacienda pública. Tras su muerte, surgen las dudas sobre qué sucede con la responsabilidad penal y civil que pesaba sobre él.
La responsabilidad penal es personal, por lo que se extingue con el fallecimiento del reo (art. 130.1.1º CP), es decir, no se transmite a sus herederos. Por lo tanto, su imputación en los procedimientos penales en fase de instrucción o de juicio oral, serán sobreseídos; lo que no impide que continúen contra el resto de imputados, como ocurre en la causa más importante que se sigue en la Audiencia Nacional por la estafa de los pagarés de Nueva Rumasa, los cuales se desvelaron como una pirámide financiera o esquema Ponzi.
Respecto a la responsabilidad civil, ésta integra su patrimonio y, en consecuencia, tras su muerte, formará parte de su herencia, como una deuda o carga más, integrándose pues en el pasivo hereditario (art. 1082 y ss CC). Con esto, todos los perjudicados con derecho a una indemnización por la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos por el empresario y a los que fue condenado, así como la que corresponda al conglomerado de empresas llamado “Nueva Rumasa”, podrán reclamar igualmente el pago de ésta, sin miedo a que esa responsabilidad se extinga con su muerte.
Proceso judicial
Después de la insolvencia de Nueva Rumasa (2011) la familia comenzó a dividirse, especialmente desde que la Justicia empezase a investigar el paradero de los 300 millones de euros que más de 5.000 inversores depositaron en las empresas del grupo.
En Enero de 2012, la Justicia ya había registrado la mansión familiar (abandonada y puesta a la venta desde 2014) y embargado la gran mayoría de los bienes de la familia, si bien la enmarañada red societaria urdida por el empresario (similar a la creada bajo el paraguas de la Rumasa original) dificultó extraordinariamente el trabajo de los jueces y administradores concursales.
A finales de 2014, dos de los hijos del patriarca, Pablo y Alfonso, fueron condenados a 6 meses de prisión y a una multa de 700.281 euros por fraude contra la Hacienda pública. Asimismo, los dos hijos menores, Álvaro y Javier Ruiz-Mateos, también están condenados por otro delito contra la Hacienda pública (un año y seis meses) y alzamiento de bienes (un año y tres meses); además, deben abonar una multa de 1,8 millones de euros por el impago del IVA en la venta de un hotel, cuyo importe se desvió a una cuenta suiza.
Finalmente, este año 2015 la Justicia ha condenado a Ruiz-Mateos padre y a su hijo Francisco Javier a pagar 92 millones a los acreedores de Nueva Rumasa.
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