La Audiencia Nacional decide archivar la casusa contra Spottorno y otros once directivos por el escándalo de las ´tarjetas black´ de Caja Madrid. Así lo ha decidido el Juez Fernando Andreu en el día de ayer al considerar que los gastos efectuados con las tarjetas opacas “formaban parte de su sueldo”. Un sueldo más que merecido teniendo en cuenta la “buena gestión” que estos directivos hicieron al frente de la entidad.
Además del mencionado Rafael Spottorno —exjefe de Casa Real, y 223.900 euros de gasto a cargo de su ´black´—, el Juez ha decidido el sobreseimiento del caso para:
– Juan Manuel Astorqui, director de Comunicación de la caja; se gastó 293.000 euros.
– Matías Amat, director de Banca Comercial de la entidad; 389.000 euros.
– Ricardo Morado Iglesias, director de Sistemas y Organización de Caja Madrid; 448.300 euros.
– Ramón Ferraz, director de Banca Comercial; 397.900 euros.
– Mariano Pérez Claver, consejero delegado de la Corporación de la caja; 379.500 euros.
– Carlos Martínez Martínez, director gerente de la Obra Social; 276.000 euros.
– Carmen Contreras, directora de Auditoría Interna y directora general de la Obra Social; 266.800 euros.
– Carlos Vela, director de la Banca de Negocios; 249.200 euros.
– Ramón Martínez Vilches, director de Riesgos; 91.200 euros.
– Luis Gabarda, director del Gabinete del Presidente Miguel Blesa; 139.700 euros.
– Enrique de la Torre, secretario general de Caja Madrid; gastó 320.700 euros.
Si se confirma la administración desleal, deberán devolver el dinero.
No obstante, Andreu entiende que este tipo de tarjetas pueden indicar la comisión de un delito de administración desleal por parte de quienes fueron los administradores de Caja Madrid, en tanto que las mencionadas tarjetas “se otorgaban fuera del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas de empresa de la entidad, la designación de sus beneficiarios y el límite cuantitativo se otorgaba con una discrecionalidad impropia de una entidad como la que nos ocupa, por el presidente de la misma, sin soporte contractual alguno y sin que las cantidades percibidas en este concepto fueran declaradas a la Hacienda Pública”. El juez valora la responsabilidad y experiencia de los imputados para concluir que no les debían pasar desapercibidas todas estas “particularidades”. Si se confirma la administración desleal deberán devolver el dinero.
Por tanto, a pesar de que la conducta de estos directivos no tenga relevancia penal, pudieron obtener un beneficio económico procedente de la comisión de un delito, por lo que procede considerarles responsables civiles a título lucrativo, tal y como recoge el artículo 122 del Código Penal que contempla la restitución de lo percibido, en el caso de que se declare de manera definitiva que la emisión, puesta en funcionamiento y gastos generados por el uso de estas tarjetas fuera constitutivo del delito de administración desleal. En este sentido, Andreu recuerda que el responsable a título lucrativo se aprovecha de los efectos de un delito, como es el caso, según el juez, de estos 12 directivos para los que se sobresee la causa.
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