Cláusulas suelo: precisiones sobre el Decreto del Gobierno

Cláusulas suelo: precisiones sobre el Decreto del Gobierno

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El Decreto por el cual el banco se convierte en Juez y parte. Los bancos deciden si la cláusula es nula y si devuelven o no las cantidades.

Coste del Rescte Bancario
Fuente: Tribunal de Cuentas.

Después de que el TJUE fallase, el pasado 21 de diciembre, a favor de una devolución total del dinero indebidamente cobrado con motivo de cláusula suelo, el Gobierno tenía que hacer algo para echar un capote al sector bancario.

Concretamente, la “solución” ha venido en forma de Real Decreto: el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (BOE de 21 de enero de 2017). Éste es el nombre del acuerdo extrajudicial con el que se pretende, so pretexto de no colapsar la Justicia, ayudar a las entidades financieras.

Para empezar, no deja de sorprender la facilidad con que el Gobierno utiliza los Reales Decretos a la hora de legislar, puesto que, en principio, son normas pensadas para situaciones de «urgente necesidad» y, sin embargo, a la hora de la verdad, éstos son aprobados por el Consejo de Ministros para reglamentar sobre todo tipo de cuestiones, independientemente de que éstas sean más o menos perentorias.

En segundo lugar conviene precisar que la vía del acuerdo extrajudicial siempre ha existido, de hecho, normalmente, antes de interponer la demanda es lo primero que se suele hacer. Para ese viaje no hacía falta ninguna alforja.

En tercer término, el título ya nos pone sobre aviso acerca de la finalidad que, en ningún caso, tendrá la norma: proteger a los consumidores. Al contrario, protege a la banca, puesto que si eligiésemos este camino, estaríamos concediendo hasta cuatro meses de vacaciones al sector bancario sin ninguna garantía de que nos vaya a devolver nada: el primer mes es el plazo que se da a las entidades de crédito para implementar el servicio; más otros tres meses adicionales para dar una respuesta –la que quieran– al afectado que se acoja al Decreto. Por cierto: si una vez trascurrido el plazo, el banco no contestase, o no devolviera la cantidad acordada, no sufriría ninguna sanción al respecto.

Pero lo que verdaderamente marca la diferencia sobre su sentido, es la completa libertad proporcionada a la banca a la hora de decidir si la cláusula es nula; incluso, suponiendo que la entidad admitiera la nulidad (ya hay entidades, como el Sabadell o Unicaja, que no van a reconocer la nulidad), ésta tendría una arbitrariedad absoluta para establecer la cuantía a devolver. Es decir, con dicha medida el banco se convierte en Juez y parte.

¿Qué pasa con las pymes, las empresas, y los clientes con Sentencia firme o que ya hayan llegado a un acuerdo?

Desgraciadamente nada dice el Decreto Ley sobre estas cuestiones, a pesar de que la limitación temporal vulnera el artículo 6 de la Directiva 93/13, una norma imperativa de derecho público que, necesariamente, debía haber motivado el resarcimiento para pymes, empresas, y clientes con Sentencia firme o que ya hayan llegado a un acuerdo, al tratarse de un derecho irrenunciable.

Y es que, a pesar de que el Decreto habla de “consumidores”, conviene hacer una salvedad importante: el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala que “son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. Luego, en consecuencia, la norma debería haber aludido igualmente a las personas jurídicas suscritas a un préstamo, al menos siempre que el efecto sea una actividad ajena al desempeño de su negocio; la norma, por contra, ha dejado fuera todos estos supuestos.

En definitiva, el Real Decreto lejos de ayudar, lo que hace es limitar derechos, porque si opta por esta vía, el procedimiento judicial, aunque ya se haya iniciado, quedaría suspendido, cosa que no ocurre cuando se hace una reclamación extrajudicial ordinaria.

Entonces, ¿qué hacer?

Salvo que haya nuevas modificaciones, la mejor recomendación posible es reclamar como si el Decreto no existiese.
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