Las miles de sentencias por preferentes examinadas hasta la fecha, no han hecho sino demostrar el carácter tóxico y fraudulento de este producto en España, donde hay nada menos que 700.000 personas afectadas, 25.000 millones de euros bloqueados y un total de 52 entidades bancarias implicadas.
Tras el análisis de innumerables sentencias sobre productos de ahorro e inversión, puede concluirse que las entidades bancarias y financieras dotadas de una posición dominante frente a los consumidores, y haciendo uso de la confianza que éstos han venido depositando durante años en ellos, han colocado y comercializado productos que no eran acordes para el perfil conservador de los consumidores —misselling—, y que han creado un perjuicio económico muy grave en donde los consumidores además de no tener documentación suficiente para conocer el producto comercializado, eran inducidos a error por las entidades para su contratación prometiéndoles grandes beneficios y dándoles caracteres del producto contrarios al mismo, como por ejemplo su posibilidad de recuperación inmediata.
Por su parte, El Banco de España define las participaciones preferentes como instrumentos financieros emitidos por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija pero condicionada a la obtención de beneficios cuya duración es perpetua, aunque la entidad emisora suele reservarse el derecho a amortizarlas partir de los cinco años, previa autorización del supervisor.
En definitiva, como se expuso en el artículo anterior, y para que quede claro, atendiendo a la doctrina y a la jurisprudencia podemos afirmar sin temor a equivocarnos que: “las preferentes no son instrumentos para ser vendidos entre particulares, sino que son instrumentos que tienen un nivel de sofisticación más elevado y que por su propia naturaleza deberían ser vendidos entre clientes institucionales, gestoras de inversión o fondos de pensiones”.
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