Tras una ´última´ decisión por parte del Gobierno que preside Mariano Rajoy, y con el objetivo de evitar que Bankia tenga que recurrir a una ampliación de capital (con el consiguiente riesgo de degradación del capital de la entidad, aparte de su más que probable desestabilización), finalmente, el BFA —Banco Financiero de Ahorros, y matriz pública del grupo tras su nacionalización el 9 de Mayo de 2012— pagará las reclamaciones judiciales de los pequeños inversores afectados por la compra de acciones de Bankia.
Al mismo tiempo, tal y como hemos señalado en anteriores posts, dado que fue el FROB (o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) quien, como ente público adscrito a la Administración General del Estado, nacionalizó el 100% del BFA (siendo Bankia su filial), será éste —el FROB— el que a la postre asuma la mayoría de los costes de las demandas judiciales, puesto que él es el propietario en última instancia tanto del BFA como de Bankia.
De los más de tres mil millones que Bankia captó en su salida a bolsa (el 20 de julio de 2011), más de 1800 pertenecen a inversores minoristas, muchos de los cuales habían sido estafados además con la compra de acciones preferentes. Según diversas estimaciones, el tope máximo que Bankia deberá devolver a dichos inversores se sitúa en torno a los 1.855 millones de euros (los clientes que acudieron a la OPV perdieron cerca del 99% de su inversión).
Por otro lado, parece ser que el BFA tendría margen suficiente para asumir el coste sin necesidad de solicitar una nueva inyección de recursos; en consecuencia, no queda claro por qué si Bankia ´tiene músculo´ y está obteniendo pingües beneficios (así lo asegura el presidente del grupo, José Ignacio Goirigolzarri), es el Estado (por medio del FROB) quien debe hacer frente a las devoluciones, en lugar de destinar los beneficios que actualmente está obteniendo la entidad para tal fin. Imagino que en los próximos días el actual Ministro de Economía —Luis de Guindos— irá respondiendo a este tipo de cuestiones.
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