Los acreedores de Pescanova buscan a un CEO que reflote la compañía

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Los principales acreedores de Pescanova —BBVA, Banco Sabadell, LaCaixa, UBI Banca, Banco Popular, Banco Sabadell, y ABANCA— acaban de contratar los servicios de Russell Reynolds, una de las principales cazatalentos o headhunters del mundo (con oficinas en España) especializada, entre otras cosas, en reclutar ejecutivos capaces para gestionar grandes empresas.

La “misión” de Russell Reynolds, cuyos servicios no son precisamente económicos, es buscar y encontrar en el periodo más corto de tiempo posible un CEO que reflote la compañía, y ejecute el plan de negocio elaborado por Pricewaterhouse Coopers. El plan de negocio, grosso modo, consiste en realizar una serie de inversiones que permitan la coordinación de todas las filiales de la empresa, optimizando la extracción, cultivo, transformación y distribución de los productos procedentes de gran parte del mundo.

Por tanto, todo apunta a que Jacobo González-Robatto, el hombre que tiene todas las papeletas para ser el futuro presidente de Nueva Pescanova a partir del mes de Noviembre, jugará un papel mucho más secundario. Recordemos que Jacobo González-Robatto, además de ser el actual director general del Banco Popular, es el Presidente del Comité de Vigilancia del Convenio de Pescanova.

Por su parte el G7 sostiene que su principal preocupación es salvar los más de mil puestos de trabajo que Pescanova mantiene aún en Galicia, descontando los relativos a la alta dirección de la multinacional.

Además, por primera vez en sus 55 años de historia, Pescanova cuenta desde el pasado mes de Marzo con un Director General Comercial: Enrique García Lopez, procedente de la consultora McKinsey. Aparte de Enrique García, hay otro nuevo protagonista: se trata de Francisco Estévez, director de Control Interno, procedente de Deloitte, y especialista en auditoría financiera y contable. Asimismo, el consejo contrató a la propia McKinsey para llevar a cabo un “proceso radical” de racionalización y reducción de costes. Según los últimos informes, las posibilidades de ahorro detectadas —y “alcanzables”—ascienden a un importe que oscila entre los 25 y 35 millones en 2016.

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