A pesar de que el Supremo, en su famosa Sentencia de 23 de Diciembre de 2015, decretase la nulidad de las cláusulas que cargan sobre el consumidor –de manera indiscriminada– cualquier gasto originado por la operación hipotecaria, lo cierto es que, inexplicablemente, en lo concerniente al impuesto sobre actos jurídicos documentados se ha generado muchísima controversia.
Ciertamente los paniaguados bancarios –que los hay–, con un absoluto desprecio por el principio de jerarquía normativa, se aferraban al reglamento que desarrolla la Ley del Impuesto, para aducir que el sujeto pasivo era el prestatario, obviando el hecho de que el reglamento es una norma de rango inferior a La Ley que desarrolla y que, en consecuencia, en ningún caso puede contradecirla.
Con todos estos elementos el Alto Tribunal dejó así fijada la base jurídica para que, si la demanda se plantea en los términos correctos, los Jueces concediesen la devolución también en materia tributaria.
Pero no siempre ha sucedido así. De hecho, de los ocho fallos judiciales que había disponibles hasta Abril, sólo cuatro se pronunciaron sobre esta cuestión. Los otros cuatro simplemente obviaron el asunto.
Afortunadamente, el mes de Mayo nos ha traído otros dos nuevos pronunciamientos judiciales en Zaragoza donde, esta vez sí, acuerdan el completo reintegro del impuesto al cliente.
Y es que no debe perderse de vista que el hipotecante ya paga una importante suma de dinero a cuenta del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en el caso de que el inmueble sea de segunda mano, o del IVA, en el caso de nuevas viviendas.
Por tanto, a la espera de que la transición entre Doctrina y Jurisprudencia se haga con la mayor celeridad posible, todo apunta a que los bancos tendrán que devolverle a los prestatarios, esperemos que por las buenas, la cuantía total por este concepto.
¿Qué podría suceder?
Es muy improbable porque, gracias al esfuerzo de todos, el foco mediático está demasiado centrado en los gastos hipotecarios, como para que el Gobierno (imaginamos que con la connivencia de Ciudadanos y/o del Partido Socialista), haga una reforma legislativa –“a la carta de los bancos”— que impida su legítima devolución a los hipotecados
Si esto sucediese, habría que recurrir, como ya sucediera con las cláusulas suelo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, con el actual marco legislativo de la UE, nos daría la razón.
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