Las personas jurídicas también pueden recuperar la Plusvalía Municipal

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El impuesto de la Plusvalía en empresas

Aprovechando el momento de la transmisión de un inmueble, el tributo de la Plusvalía Municipal nació con la idea de gravar el teórico aumento de valor experimentado por los terrenos donde se ubique la propiedad. No obstante, al aplicar un porcentaje de incremento sobre el valor catastral del suelo en fecha de devengo y los años transcurridos entre el cambio de manos del bien, no atiende al valor real.

A día de hoy, el Tribunal Constitucional ha reconocido que no se puede cobrar este impuesto si se ha hecho a pérdidas, lo que está pasando muy a menudo tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, declarándolo nulo –por inconstitucional– en mayo de 2017. Asimismo, el Supremo confirmó poco después, en junio del mismo año, que la fórmula aplicada era incorrecta.

 

Gastos Hipotecarios

Jesús López. Abogado. Madrid

«La fórmula que aplican casi todos los ayuntamientos arroja una sobrevaloración. Por ejemplo, a una plusvalía pagada en 2014 sobre 15.300€, le corresponde una devolución de 5.700€.  Nosotros reclamamos la devolución de todas estas cantidades».

 

El Ayuntamiento de Málaga ha sido condenado por el cobro de una plusvalía millonaria. Un juez confirma que se debe devolver la liquidación del impuesto por la venta de dos fincas

Recientemente la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana –-Sección Tercera– declaró nula la Ordenanza municipal reguladora del IIVTNU (Plusvalía Municipal) en Alicante, por inexistencia del preceptivo acuerdo de imposición de dicho tributo. La resolución obligó al Ayuntamiento de Alicante a devolver el impuesto a una promotora inmobiliaria (EDI Promotores Inmobiliarios, S.L.).

 

Plusvalía en Empresas

 

Ahora, en Málaga, otra empresa –Caneda Monte S.L.— ha recuperado un millón de euros por Plusvalía Municipal, después de que el Juzgado haya fallado a su favor, apoyándose en un informe de la empresa Tinsa, el cual respalda la falta de incremento de valor del terreno entre 2001 y 2015, periodo en que el inmueble fue propiedad de la demandante.

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