California se niega a doblar la rodilla frente a la todopoderosa Volkswagen y rechaza de plano el plan de “parchear los coches” propuesto por la empresa germana.
Pero eso no es todo: además, la multinacional deberá abonar otros 86 millones de dólares al estado y, más concretamente, a su Agencia de Protección Medioambiental —CARB— que no está dispuesta a pasarle ni una más al fabricante teutón, después de que éste no aceptase recomprar los 16.000 vehículos de tres litros que circulan en estos momentos por las carreteras californianas.
¿Por qué no aceptan la reparación?
Según ha comunicado la CARB mediante un correo enviado al consorcio, las medidas del grupo son “incompletas y están lejos de satisfacer las condiciones legales“.
Por otro lado, la automotriz alemana sí que ha aceptado indemnizar a los consumidores americanos de dos litros por medio de recompras de sus vehículos afectados, en torno a las 475.000 unidades, conforme a su valor residual. Para tal fin, entre otros, la compañía provisionó el pasado ejercicio un total de 13.500 millones.
Según fuentes cercanas, algunos de estos vehículos serían técnicamente imposibles de reparar, al menos en los Estados Unidos, porque en Europa, una región “tecnológicamente mucho más avanzada”, parece que todos los coches, independientemente del modelo que se trate, pueden ser reparados sin problema alguno.
El compromiso alcanzado por Volkswagen con las autoridades americanas alcanza, pues, al 85% de los afectados, que deberán ser indemnizados antes de 2019. Siguen sin aclarar qué piensan hacer con el 15% restante.
Cada punto porcentual que la empresa incumpla, le obligará a pagar cien millones de dólares adicionales en concepto de multa.
Las ventas congeladas
Mientas no se concrete una solución técnicamente acpetable para los motores diésel, la EPA ha establecido un duro embargo al consorcio germano, un embargo que impide a distribuidores y concesionarios (en Norteamérica) vender vehículos de la marca.
A esto habría que sumar un nuevo bloqueo impuesto a la filial del grupo en Corea del Sur por parte de la fiscalía de Seúl, tras el escándalo relativo a las presuntas falsificaciones en los informes de emisiones y consumo de combustible en el país asiático.