Los jueces han determinado que los propietarios o inquilinos de viviendas ocupadas pueden cortar el suministro de agua, luz y gas sin que esto constituya un delito.
La Audiencia Provincial de Barcelona unificó este criterio el pasado 7 de marzo, estableciendo que el titular de una vivienda ocupada no está obligado a mantener ni abonar los suministros. Esto significa que los propietarios no incurrirán en un delito de coacciones si deciden dejar de pagar estos servicios.
Esta decisión, que también ha sido adoptada por la Audiencia Provincial de Gerona, puede acelerar la recuperación de los inmuebles ocupados. Actualmente el proceso para desalojar a los okupas tarda una media de 8 meses y medio, aunque en regiones como Castilla y León o Murcia puede extenderse hasta un año.
Además, el problema de la ocupación sigue creciendo: en 2023, las demandas por usurpación y allanamiento aumentaron un 2%, alcanzando las 2.309 denuncias en toda España. Cataluña y Andalucía concentran el 40% de estos casos.
Este nuevo criterio da más poder a los propietarios y supone un avance en la lucha contra la ocupación ilegal.
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