Ahora que los Tribunales de Justicia están dado la razón a los consumidores, se plantea nada menos que “reescribir” la Ley… ¿con qué propósito?
Después de la avalancha de sentencias judiciales en contra del sector bancario en materia de preferentes, cláusulas suelo y, más recientemente, en lo que a la devolución de los gastos hipotecarios concierne, el Gobierno prepara una reforma de la Ley Hipotecaria.
Pero que nadie se confíe. Al contrario; detrás de dicha reforma, aparentemente benigna para los consumidores puesto que busca, en teoría, dotar de mayor trasparencia a los contratos hipotecarios, podría esconderse un objetivo bien alejado: respaldar, por Ley, todos los posibles abusos que la banca cometa o haya podido cometer en el pasado.
Normalmente los clientes bancarios solicitan un préstamo por necesidad, no por capricho. Esta situación de desventaja para el hipotecado, por regla general, es aprovechada por la entidad financiera para exprimir el limón hasta la última gota; sin embargo, este comportamiento no siempre se ajusta a la legalidad europea.
Así, el pasado 26 de enero el TJUE dictaminó que si la cláusula de vencimiento anticipado –una estipulación en virtud de la cual, en caso de que el prestatario deje de pagar tres cuotas, la banca se arroja el derecho de reclamar la totalidad del préstamo, “subastar” el inmueble y lanzar al hipotecado de su vivienda– es abusiva, y por tanto nula, “aunque tal cláusula no haya llegado a aplicarse“, y a los efectos de garantizar el efecto disuasorio de su establecimiento por los bancos, el Juez debe deducir todas las consecuencias que lleva aparejada la declaración de tal carácter (abusivo).
Y por eso, a raíz de las últimas resoluciones (también las venidas desde Luxemburgo), los Magistrados españoles comienzan a no admitir el procedimiento de ejecución hipotecaria, declarando el sobreseimiento del procedimiento, lo que se traduce en “no proceder a despachar la ejecución“.
En consecuencia, ante el enésimo varapalo judicial, las dudas sobre la orientación que finalmente tendrá la nueva Ley Hipotecaria están sobre la mesa; ahora que los Tribunales, amparándose en el ordenamiento jurídico español y comunitario, sentencia tras sentencia, están dado la razón a los consumidores, se plantea nada menos que “reescribir” la Ley… ¿con qué propósito?
De todas formas la reforma tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados (no puede aprobarse por Real Decreto Ley) y, dado que el actual Ejecutivo gobierna sin mayoría absoluta, necesitará la complicidad de otros grupos parlamentarios que quedarán, según el caso, perfectamente retratados.
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